Miércoles, 06 Julio 2011 17:29

Simplificando trámites administrativos

Escrito por 

68_tramites

 

Legal
Rafael Zurita Hahn
Simplificando trámites administrativos
Es frecuente escuchar a varias personas que con justificada razón, se quejan por las dificultades y obstáculos que encuentran en muchas oficinas de organismos oficiales, cada vez que tienen que hacer cualquier trámite administrativo. Es decir, diligencias, actuaciones o gestiones que se realizan ante los órganos y entes de la Administración Pública. En la mayoría de los casos, estas dificultades se refieren al requerimiento de documentos cuya exigencia resulta impertinente o al menos innecesaria para el trámite que queremos realizar.
Particularmente conservo el recuerdo de  una reciente experiencia, cuando dotado de un poder otorgado por un familiar residenciado en el interior del país, acudí al Instituto Nacional de Transito Terrestre, a fin de solicitar la expedición del titulo de propiedad de su vehículo. Al presentar el poder, me solicitaron adicionalmente, una constancia que justificara la imposibilidad que tenía el interesado para no gestionar personalmente la diligencia. Lo que quiere decir que desconocieron el derecho que tiene esta persona de representarse mediante poder y además exigían un requisito adicional no previsto en la Ley.
En el año 1999, facultado por la primera Ley Habilitante que le fue otorgada, el Presidente de la República dictó el Decreto 368 con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos. Al no tener efectiva aplicación, se planteó la necesidad de  legislar nuevamente la materia con la finalidad de lograr un instrumento que permitiera optimizar los planes de simplificación de trámites de modo uniforme y aplicable a toda la Administración Pública.
Es así como,  bajo el marco de la segunda Ley Habilitante de febrero de 2007,  nace la nueva Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, fundamentada en los principios de simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública y desconcentración en la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección, debiendo dirigirse únicamente al servicio de las personas. Ley que es publicada en la Gaceta Oficial 5.891 de fecha 31 de julio de 2008.
Conforme al postulado de la Ley, a los órganos y entes de la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, se les obligaba a elaborar sus respectivos planes de simplificación de trámites administrativos de  conformidad con los principios establecidos en el Decreto.
Dentro de los objetivos generales contenidos en la Ley, podemos señalar los siguientes:
• Evitar que se exijan requisitos adicionales a los contemplados en el cuerpo legal
• Implementar bases de datos automatizadas a fin de evitar exigir copias certificadas o fotostáticas de documentos que ya estén en poder de la Administración Pública
• Llamar a los órganos y entes de la Administración Pública, para que en el ámbito de su competencia procedan a eliminar las autorizaciones innecesarias y en general la exigencia de trámites que entorpezcan la actividad administrativa
• Prohibir a los órganos y entes de la administración Pública pedir copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como de cualquier otro documento público, salvo los casos expresamente establecidos en la Ley
• Prohibir a los órganos y entes de la Administración Pública exigir copia certificada de la partida de nacimiento como requisito para el cumplimiento de determinada tramitación, cuando el interesado presenta la cédula de identidad, salvo por supuesto, aquellos casos en los que dicha exigencia está establecida en la Ley. Es importante destacar que esta Ley reconoce la presunción de buena fe, en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, ordenando que se tenga como cierta la declaración de las personas, salvo prueba de lo contrario.
Por último señalo, que en esta Ley se establece que las personas interesadas en efectuar tramitaciones ante la Administración Pública podrán realizarlas de manera personal o en su defecto, a través de representación acreditada mediante carta poder.

Es frecuente escuchar a varias personas que con justificada razón, se quejan por las dificultades y obstáculos que encuentran en muchas oficinas de organismos oficiales, cada vez que tienen que hacer cualquier trámite administrativo. Es decir, diligencias, actuaciones o gestiones que se realizan ante los órganos y entes de la Administración Pública. En la mayoría de los casos, estas dificultades se refieren al requerimiento de documentos cuya exigencia resulta impertinente o al menos innecesaria para el trámite que queremos realizar.

 


Particularmente conservo el recuerdo de  una reciente experiencia, cuando dotado de un poder otorgado por un familiar residenciado en el interior del país, acudí al Instituto Nacional de Transito Terrestre, a fin de solicitar la expedición del titulo de propiedad de su vehículo. Al presentar el poder, me solicitaron adicionalmente, una constancia que justificara la imposibilidad que tenía el interesado para no gestionar personalmente la diligencia. Lo que quiere decir que desconocieron el derecho que tiene esta persona de representarse mediante poder y además exigían un requisito adicional no previsto en la Ley.

 


En el año 1999, facultado por la primera Ley Habilitante que le fue otorgada, el Presidente de la República dictó el Decreto 368 con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos. Al no tener efectiva aplicación, se planteó la necesidad de  legislar nuevamente la materia con la finalidad de lograr un instrumento que permitiera optimizar los planes de simplificación de trámites de modo uniforme y aplicable a toda la Administración Pública.

 


Es así como,  bajo el marco de la segunda Ley Habilitante de febrero de 2007,  nace la nueva Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, fundamentada en los principios de simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública y desconcentración en la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección, debiendo dirigirse únicamente al servicio de las personas. Ley que es publicada en la Gaceta Oficial 5.891 de fecha 31 de julio de 2008.

 


Conforme al postulado de la Ley, a los órganos y entes de la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, se les obligaba a elaborar sus respectivos planes de simplificación de trámites administrativos de  conformidad con los principios establecidos en el Decreto. 

 


Dentro de los objetivos generales contenidos en la Ley, podemos señalar los siguientes:

 


• Evitar que se exijan requisitos adicionales a los contemplados en el cuerpo legal

• Implementar bases de datos automatizadas a fin de evitar exigir copias certificadas o fotostáticas de documentos que ya estén en poder de la Administración Pública

• Llamar a los órganos y entes de la Administración Pública, para que en el ámbito de su competencia procedan a eliminar las autorizaciones innecesarias y en general la exigencia de trámites que entorpezcan la actividad administrativa 

• Prohibir a los órganos y entes de la administración Pública pedir copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como de cualquier otro documento público, salvo los casos expresamente establecidos en la Ley 

• Prohibir a los órganos y entes de la Administración Pública exigir copia certificada de la partida de nacimiento como requisito para el cumplimiento de determinada tramitación, cuando el interesado presenta la cédula de identidad, salvo por supuesto, aquellos casos en los que dicha exigencia está establecida en la Ley. Es importante destacar que esta Ley reconoce la presunción de buena fe, en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, ordenando que se tenga como cierta la declaración de las personas, salvo prueba de lo contrario. 


Por último señalo, que en esta Ley se establece que las personas interesadas en efectuar tramitaciones ante la Administración Pública podrán realizarlas de manera personal o en su defecto, a través de representación acreditada mediante carta poder.

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