Lunes, 07 Febrero 2011 16:22

La LOPNA

Por Freddy Zambrano

 

La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, o también LOPNA, es una ley cuyo objeto es el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.

 

Esta Ley, que derogó la Ley Tutelar de Menores (1980), tiene su origen en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), aprobada por las Naciones Unidas en 1980, que reformula las relaciones entre la infancia y la ley, transformando las necesidades en derechos que asisten a los niños y a los adolescentes, abandonándose el concepto del niño como sujeto tutelado para adoptar el concepto del niño como sujeto de derechos, entendiéndose por tal la habilitación para demandar, actuar y proponer.

 

lopna

Se trata de una Ley muy novedosa que consagra el principio delinterés superior del niño y del adolescente, principio de interpretación y aplicación de sus normas y lo hace de carácter obligatorio en la toma de las decisiones por parte de los jueces y autoridades administrativas, pues a través de él se persigue asegurar el desarrollo integral de los menores, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

 

Amén de este principio fundamental, se consagra en el cuerpo de la Ley Orgánica un conjunto de derechos y deberes inderogables, irrenunciables, interdependientes entre sí, indivisibles y de orden público, establecidos en beneficio de los menores, como sujetos de derecho, gran parte de los cuales son de rango constitucional, como son el derecho a la vida, a la identificación, a conocer a los padres y a ser cuidados por ellos, a ser criados en el seno de una familia, a mantener contacto directo con sus padres, al libre desarrollo de la personalidad, a ser protegidos contra el abuso y la explotación sexual, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de tránsito y otros, que confieren un amplio marco de protección legal que aseguran el desarrollo integral de los niños y adolescentes, lo cual es fundamental en los tiempos modernos.

 

Correlativamente, se establecen derechos en el ámbito procesal, como es el derecho a la defensa y al debido proceso, derechos constitucionales, como es el de petición; y de corte humanitario, como es el derecho a recibir un trato humanitario y digno.

 

Se establecen normas para garantizar el derecho a la protección en materia de trabajo, que en cierto modo han resultado contraproducentes y en perjuicio de los menores, porque muchos patronos se abstienen de contratarlos para no asumir las enormes cargas legales y administrativas que se les imponen.

 

La Ley establece un sistema de protección del niño y del adolescente a través de:

 

 

a) Políticas y programas de protección y atención; 

b) Medidas de protección; 
c) Órganos administrativos y judiciales de protección; 
d) Entidades y servicios de atención; 
e) Sanciones; 
f) Procedimientos; 
g) Acción judicial de protección; 
h) Recursos económicos.

 

 

En esta materia es especialmente determinante lo referente a los órganos administrativos de protección, a cuyo efecto se crea, a nivel nacional, el Consejo Nacional de Derechos, que es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al ministerio del poder popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y que tiene como finalidad garantizar los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes.

 

En el ámbito estadal los órganos encargados de velar por la protección de los niños y adolescentes, son los Consejos Estadales de Derechos; mientras que en el nivel municipal, se crean los Consejos Municipales de Derechos.

 

En la rama judicial, el Ministerio Público cuenta con unos órganos especializados para la protección de los niños y adolescentes. De igual manera, se crea una jurisdicción especial para conocer de todos los asuntos contenciosos que atañen a los niños y adolescentes: los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, y de igual manera, una jurisdicción penal especial de niños y adolescentes. De lo que se sigue que los adolescentes no son juzgados por los jueces ordinarios, sino por jueces especializados que deben velar por el interés superior del menor.

 

Esta ley, de un alcance social indiscutible, se complementa con la citada Convención sobre losDerechos del Niño, de la ONU, declarada ley de la República el 20/07/1990, las Reglas de Beijing, que constituyen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28/11/1985, sobre las cuales se soportan los aspectos procedimentales en materia penal establecidos en la LOPNA, y que sirven de orientación a los administradores de justicia para la aplicación de la ley. La Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (G.O. Nº 38.773 del 20/09/2007), cuyo objeto es establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad así como promover prácticas responsables ante las mismas, y determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar; educando para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria; y finalmente, la Ley Nacional de la Juventud (G.O. Nº 37.404 del 14/03/2002), cuyo objeto es regular y desarrollar los derechos de la juventud, a fin de otorgar a los jóvenes y las jóvenes las oportunidades para su pleno desarrollo hacia la vida adulta productiva, incluyendo garantías para su capacitación, primer empleo y su participación en el proceso de desarrollo nacional mediante políticas públicas del Estado con la participación solidaria de la familia y de la sociedad. Esta ley se aplica al joven cuya edad esté comprendida entre los dieciocho (18) y los veintiocho (28) años, sin discriminación alguna.

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